El Gobierno carga contra Peinado y sugiere que cuestiona la legitimidad política por encausar a la esposa de Sánchez
- Las Asociaciones Judiciales mayoritarias tachan de "inadmisible" la actitud de los miembros del Gobierno
El Gobierno ha criticado, nuevamente, este martes el auto del juez Juan Carlos Peinado que propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos y ministros como Óscar Puente ha denunciado las causas judiciales "que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente".
Las críticas vertidas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños a la decisión del juez Peinado han monopolizado parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tanto el propio Bolaños como la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, o el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han salido en defensa de la inocencia de Begoña Gómez.
Óscar Puente ha advertido de que "estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente".
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A preguntas de los periodistas, Bolaños ha reiterado las declaraciones en las que afirmaba que las decisiones del juez Peinado habían avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados en nuestro país y ha defendido que se trata de una opinión "absolutamente respetuosa en lo personal" y realizada en el ejercicio de su libertad de expresión. "Ese derecho a la libertad de expresión sobre resoluciones judiciales es un derecho que no solo ejercemos y defendemos, sino que es un derecho reconocido por el Consejo General del Poder Judicial, por la Comisión Europea y por las propias asociaciones profesionales y asociaciones judiciales".
Bolaños ha manifestado su confianza absoluta en la Justicia, en los tribunales superiores, que -ha recordado- ya han anulado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho.
Sobre este aspecto también se ha pronunciado el ministro de Transportes, que ha dicho que la opinión del ministro de Justicia no es exclusivamente suya, sino también de la totalidad del Consejo de Ministros. "Los cargos públicos sin distinción y sus familiares están sometidos a la acción de la justicia y al imperio de la ley, faltaría más... pero tan importante como eso, no sé si más, es que ni los cargos públicos ni sus familiares sean perturbados o perseguidos como consecuencia de ser cargos públicos o de ser familiares de cargos públicos", ha señalado Óscar Puente.
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Puente ha ido más allá al asegurar que, tras leer el auto de Peinado, sigue sin entender qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez. "No entiendo cuál es el ilícito, no veo por ningún lado el camino del de lucro", ha dicho y ha opinado que la propia carrera judicial debería estar preocupada por la imagen de la Justicia que generan este tipo de causas y ha lamentado que estos casos hacen que se instale en la sociedad la opinión de que hay una Justicia que actúa "en función del color político del judicable".
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en la inocencia de Begoña Gómez, y ha criticado el auto que tiene párrafos "que van más allá de lo jurídico". "Yo también confío y respeto en la Justicia. Confío en que la justicia haga justicia, pero eso no es incompatible con criticar algunos procedimientos, afortunadamente los menos, que la desprestigian profundamente", ha señalado.
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En la carrera judicial, la respuesta indignada por estos ataques del Gobierno ha llegado a las asociaciones de jueces, que lo consideran inadmisible. Creen que supone un ataque a la separación de Poderes que el Gobierno ponga en cuestión la independencia de un juez a la hora de tomar decisiones.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), las dos mayoritarias en la carrera judicial, han pedido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "respeto" y "responsabilidad institucional" ante decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por cuatro presuntos delitos.
A través de un comunicado, la APM, la primera en número de asociados, ha tachado de "inadmisible" que "un miembro del Gobierno" como Bolaños reaccionara ante esa decisión judicial asegurando que Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y también "a muchos jueces y magistrados". La APM ha señalado este martes que, "en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos".
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La asociación ha remarcado que los jueces "no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", sino "respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno". Y ha indicado que lo "deseable" sería que el Ministerio de Justicia "concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia".
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Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) expresó este lunes su "profunda preocupación" por el "descrédito" que, a su juicio, "tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran". En un comunicado, la segunda asociación mayoritaria en la carrera judicial afeó "este tipo de declaraciones supone un ataque directo" a la independencia judicial y a la separación de poderes. Por ello, exigió "responsabilidad institucional" de los poderes públicos, "en especial de quienes integran el Gobierno", para que contribuyan "al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza".
"Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división", señaló, al tiempo que dijo que "preservar la confianza en la justicia es una obligación democrática de primer orden".
